Historia
La organización, creada en los años sesenta al calor de las luchas de liberación nacional de diversos grupos del Tercer mundo, cometió diversos asesinatos y secuestros durante la dictadura militar del general Francisco Franco. La joven democracia española concedió una amnistía a todos los presos etarras aunque tuvieran delitos de sangre. Menos de dos semanas después, ETA volvía a matar, en una espiral que le ha llevado ya a asesinar a más de ochocientas personas. Tras un cese de acciones armadas declarado en el año 1998, la organización reanudó sus asesinatos en 2000.
ETA ha matado, al menos, a 853 personas desde el 28 de junio de 1960, fecha en la que quitó la vida a la niña de año y medio Begoña Urroz Ibarrola, en San Sebastián, hasta el 24 de septiembre de 2002, fecha en la que la banda terrorista asesinó al guardia civil Juan Carlos Beiro Montes al explosionar un artefacto adosado a una pancarta alusiva a HB que se disponían a retirar en la carretera NA-1300, entre las localidades de Leiza y Berastegui (Guipúzcoa). En el mismo atentado, otros dos guardias civiles resultaron heridos de diferente consideración.
Víctimas de ETA han sido políticos conservadores —el actual presidente del gobierno español, José María Aznar, sufrió un atentado con coche bomba cuando era jefe de la oposición— socialistas (el diputado regional Fernando Buesa fue asesinado en febrero de 2000) y regionalistas (el fuerista navarro Tomás Caballero fue asesinado en 1998).
Sin embargo, los políticos nacionalistas vascos no han sido uno de sus objetivos, aunque sí algunos militantes y gente vinculada al PNV (Partido Nacionalista Vasco), la mayoría miembros de la policía autonómica vasca y empresarios que se niegan a ceder a la extorsión del denominado "impuesto revolucionario". También ha asesinado a periodistas (José Luis López de la Calle, en mayo de 2000) no nacionalistas, profesores (Francisco Tomás y Valiente en 1996) y empresarios (Javier Ybarra).
Después de la tregua del 18 de septiembre de 1998 que, como veremos más adelante, se produce a causa de la caída de su apoyo social, sus atentados han apuntado principalmente a los políticos constitucionalistas vascos, empresarios y agentes de seguridad.
Con sus atentados y sus comunicados la banda terrorista trata de poner continuamente en tensión la vida pública en un intento de crear una fractura social que le favorezca. Con este objetivo han dirigido sus acciones, sobre todo, a militantes de los partidos Partido Socialista (el asesinato de Ernest Lluch fue especialmente destacado) y PP (significativos los asesinatos de Miguel Ángel Blanco, con secuestro y extorsión directa tanto al Gobierno de España como a su sociedad, y Gregorio Ordóñez).
Sus dos últimas acciones se vieron frustradas por las fuerzas de seguridad españolas. El día de Nochebuena en la Policía Nacional detuvo en San Sebastián y Hernani a dos etarras que habían dejado dinamita en un vagón preparada para estallar en plena estación de Chamartín en Madrid.
El día 1 de Marzo de 2004, también en una zona comprendida entre Alcalá de Henares y Madrid una furgoneta con 536 kilos de explosivos iba a ser abandonada para provocar una matanza, pero la actuación de la Guardia Civil lo impidió.
Apoyo social
ETA disponía de un considerable apoyo social durante el franquismo, periodo en que mató a Carrero Blanco, pero lo perdió de forma gradual a lo largo de distintos momentos de la historia:
Primero, cuando empezada la transición a la democracia siguieron con asesinatos selectivos en la defensa de un Estado socialista.
Segundo, cuando el 19 de junio de 1987 pusieron una bomba en un gran centro comercial (Atentado de Hipercor), en Barcelona, matando a familias enteras, momento en que perdió a muchos de sus antiguos simpatizantes.
Por último, cuando el 10 de julio de 1997 secuestraron y al cabo de tres días asesinaron, en Ermua, (Vizcaya), al militante del PP Miguel Ángel Blanco. Su pérdida de apoyo fue tan grande (EH perdió la mitad de los votantes) que se vieron obligados a declarar una tregua unilateral que, como se vio posteriormente, aprovecharon para rearmarse.
Actualmente sólo menos de 1% de la población vasca declara entender los actos de ETA y ni siquiera todos ellos son nacionalistas vascos, pero se teme que la tensión de la ilegalización de EH sea aprovechada para volver a hacerse un hueco entre la sociedad.
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